“En esta pandemia la violencia sexual contra
las niñas ha crecido porque se han quedado confinadas con sus agresores, ¿si el
hogar no es lugar seguro para ellas, cuál entonces, la calle?”, exclama con
indignación Mía Calderón, una joven activista por los derechos sexuales y
reproductivos en la capital de Perú.
Con 19 años y estudios universitarios de
comunicación audiovisual, ahora paralizados por por las restricciones de la
pandemia de covid, esta activista pertenece al colectivo de jóvenes Vayamos de San Juan de Lurigancho, el distrito
(municipio) de Lima, donde ella reside.
Ubicado al noreste de la capital tiene zonas de
valle y de altura que sobrepasan los 2200 metros sobre el nivel del mar, donde
el agua es un bien escaso y se provee con camiones cisternas. Se creó hace 54
años y su población de 1 117 629 habitantes, según cifras oficiales está
conformada en mayor parte por familias migrantes del interior del país.
De los 9,7 millones de personas que viven en los 43
distritos de Lima, San Juan de Lurigancho es de lejos el de mayor población.
Calderón, en una entrevista con IPS durante una
caminata por las calles de su distrito, contó que ayudó a una de sus amigas
durante el aislamiento social obligatorio decretado en este país andino entre
marzo y julio del 2020, al que han seguido otras restricciones a la movilidad
cuando los contagios de la covid-19 han sufrido nuevos brotes.
Desde entonces, las aulas permanecen cerradas y la
educación prosigue de forma virtual desde los hogares, donde las niñas
permanecen la mayoría del tiempo.
“Ella se quedó confinada con sus dos hermanas, su
madre y su padrastro. Pero se fue antes de que el padrastro la violase porque
el acoso de él era insoportable; ahora tiene mucho miedo de lo que pueda pasar
con sus hermanitas porque el agresor sigue en el hogar”, acota.
No todas las niñas y adolescentes en situación de
riesgo ante la violencia sexual han podido contar con redes de apoyo.
Datos
que desnudan la violencia
Las estadísticas oficiales dan cuenta de una
realidad terrible: desde el inicio de 2020 y agosto de este año se han
producido 1763 partos de niñas de hasta completar los 14 años, según el estatal
Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV) del Ministerio
de Salud.
Se consideran todos estos embarazos y partos
productos de una violación al estar protegida la indemnidad sexual de las niñas
hasta 14 años por la legislación peruana, que establece que la figura del
consentimiento sexual no se aplica a ellas.
Si las cifras del CNV se amplían hasta 2018, el
número se incrementa a 4483, lo que significaría que en promedio, en Perú, cada
día cinco niñas de hasta 14 años se encuentran en esa situación.
Esa es también la conclusión a la que llegó
el Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), que
culminó en septiembre un estudio nacional sobre la situación del embarazo
infantil forzado en Perú, publicado el martes 19 de octubre.
Cladem considera embarazo infantil forzado toda
gestación de una menor de 14 años producto de una violación sexual, a quien no
se le garantizó al acceso al aborto terapéutico, que en el caso de Perú es la
única forma de interrupción legal de embarazo.
“Estas cifras son inaceptables, pero sabemos que
pueden ser aún peor debido al subregistro existente”, sostiene a IPS por
teléfono Lizbeth Guillén, quien fue hasta agosto la coordinadora en Perú de
esta red latinoamericana, quien también tiene su sede regional en Lima.
La activista estuvo al frente del desarrollo del
proyecto “Vigilancia e incidencia para la prevención, atención y sanción del
embarazo infantil forzado” que contó con el financiamiento del Fondo Fiduciario
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de Naciones Unidas entre
el 2018 y agosto del 2021.
Un agravante para las niñas y adolescentes en
situación de riesgo fue que durante los meses de confinamiento quedaron
suspendidos los servicios públicos de atención de la violencia contra las
mujeres y solo se habilitaron números telefónicos gratuitos lo que no
facilitó que las víctimas pudiesen tramitar sus denuncias.
“Lo vivido nos demuestra una vez más que los
hogares son los espacios de mayor riesgo para la seguridad de las niñas”,
afirmó Guillén.
El estudio del Cladem también revela que
prácticamente se ha triplicado el número de partos de niñas menores de 10 años,
al pasar de nueve casos en el 2019, a 24 en el 2020. Y la situación se mantiene
preocupante, pues hasta agosto del 2021 ya se habían registrado siete.
“La violencia sexual a las
niñas ha sido indescriptible en este tiempo, peor que la covid-19, los hombres
se han estado aprovechando de las hijas, se creen con autoridad sobre las
mujercitas”, afirmó Julia Vargas, una vecina de Villa El Salvador,
Ese municipio, que
surgió como una experiencia autogestionaria hace cinco décadas al sur de
la capital, cuenta con la promoción de la salud como parte de los servicios
públicos a la comunidad.
A sus 61 años, con cuatro
hijos, dos hombres y dos mujeres ya adultos y en plena realización, Vargas se
siente orgullosa de cumplir el rol de promotora de salud, para el que ha
recibido capacitaciones del Ministerio de Salud y también de organizaciones no
gubernamentales como el Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristán.
“No se puede entender
tanta violencia a las niñas”, expresó a IPS indignada en un encuentro en su
distrito, “y lo peor es que muchas veces las mamás se hacen de la vista gorda,
dicen si se va (su pareja) quién me va a mantener”.
Diversos estudios indican
que la dependencia económica de las mujeres es un factor que impide a las
mujeres el ejercicio de autonomía y refuerza relaciones desiguales de poder que
sustentan la violencia por razón de género.
Vargas continuó: “Ha
habido un caso de un papá que embarazó a las tres hijitas y las ha hecho
abortar clandestinamente, ¿y cree que la justicia hace algo? Nada, dice que hay
consentimiento, ¡cómo va a consentir una niña!”
“No se puede maltratar la
infancia y la niñez de esa forma, ellas tienen derechos”, remarca.
El agresor cercano
Esa situación también la
conoce Calderón. “La pandemia nos ha refregado que la violencia sexual viene
principalmente de alguien cercano al hogar y que muchas veces no se cree a las
niñas: tú has provocado a tu tío, a tu padrastro les dicen sus familiares en
vez de enfocarse en el agresor”, afirmó.
Su colectivo Vayamos hace
activismo en favor de los proyectos de vida de las niñas y que se les garantice
el derecho de disfrutar cada etapa de su vida. Debido a la pandemia el
colectivo tuvo que restringir sus actividades presenciales pero como contrapeso
incrementó la publicación de contenidos en las redes sociales.
“Ninguna niña o
adolescente debe vivir con miedo a la violencia sexual ni rodeada de ningún
riesgo de ese tipo”, remarcó.
Sin embargo los datos
parecen alejar esa aspiración. Los resultados de la investigación del Cladem
indican que entre el 2018 y 2020 ocurrieron en el país 12 677 denuncias por
violencia sexual contra niñas menores de 14 años, causa de muchos embarazos
forzados.
Pero las estadísticas
oficiales no diferencian el embarazo infantil del adolescente.
La Encuesta Nacional de
Salud 2019 ya reportaba que de la población femenina entre 15 y 19 años de
edad, 12,6 % había gestado alguna vez o ya eran madres. Sin embargo el
porcentaje en áreas rurales era superior al nacional y se situaba en 22,7 %.
La activista juvenil Mía
Calderón, la promotora de salud Julia Vargas y la integrante del Cladem
Lizbeth Guillén, coinciden en la propuesta de despenalizar el aborto por
violación y en la entrega oportuna de los kits de emergencia por parte de los
servicios públicos de salud para prevenir los embarazos y maternidades
forzadas.
Estos kits contienen la
anticoncepción oral de emergencia, pruebas de VIH, hepatitis, entre otros
elementos para la protección de la salud integral de las víctimas.
“Existen avances
normativos como este protocolo de actuación conjunta entre el Ministerio de la
Mujer y el Ministerio de Salud para que una niña víctima de violencia acceda al
kit de emergencia, pero en la práctica no se cumple por las concepciones
personales de algunos operadores y privan de este derecho a las víctimas”,
explicó Guillén.
Subrayó que para superar
la débil respuesta del Estado frente a problema tan grave, es necesario además
implementar adecuadamente las normas existentes, garantizar el acceso al aborto
terapéutico a las niñas y adecuar las estrategias de prevención pues
muchas veces el peligro está directamente en los hogar
Publicado por IPS – Lima – 20/10/21 -
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