Se
movilizaron desde la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta, que sostiene
que el contexto latinoamericano, nacional y provincial exige reforzar una
construcción colectiva y de presencia en las calles.
Cientos
de mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ se convocaron en las calles de la
ciudad de Salta en
una nueva conmeración del 8 de marzo, fecha que en Argentina se impuso como
paro feminista. La Asamblea Lesbotransfeminista de Salta convocó
a la marcha afirmando que el contexto latinoamericano, nacional y provincial
exige reforzar una construcción colectiva y con presencia en las calles.
"Sostenemos
que la emergencia es alimentaria, habitacional, ambiental y de salud integral,
y que afecta sobre manera a nuestrxs niñes, mujeres y disidencias sexuales. ¡No
cedemos a las amenazas. Ni un derecho menos, ni un ajuste más!", se afirmó en la
radio abierta que se realizó en horas previas a la movilización, que salió
pasadas las 18, desde la plaza 9 de Julio. A lo largo de todo el recorrido, que
tuvo paradas significativas en la Legislatura salteña, la Comisaría Primera y
la Catedral Basílica, se fueron escuchando distintas voces recordando las
consignas acordadas en la Asamblea.
Una
de esas voces fue de Bárbara Rocha, impulsora de la colectiva Mamá
Sara, un espacio que reúne a emprendedoras que defienden y militan la
autogestión. Rocha relató que en estos últimos meses (más aún tras la asunción
de Javier Milei), el mercado informal "se ha visto abarcado en su mayoría
por mujeres" porque "cada vez encontramos a más compañeras y
compeñeres con más dificultades para acceder a puestos de trabajos
dignos". "Ya ni siquiera estamos hablando de un trabajo
registrado, sino que hablamos de dignidad a la hora de prestar un
servicio", expresó.
Precisamente,
ayer se conoció un trabajo del Observatorio de Género del Centro de Economía
Política Argentina (CEPA) que constató las desigualdades de género,
dado que las mujeres ganan menos y están sobrerrepresentadas en la
pobreza. El informe señaló que el 63% de las personas con menores
ingresos son mujeres, es decir que la riqueza sigue siendo patrimonio
de varones.
El
informe del CEPA exhibe que las desigualdades de género, que el
presidente Javier Milei niega, se profundizan con las decisiones que viene
tomando la Nación. A modo de ejemplo, el CEPA informó que la ejecución
de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cayó un 53%, mientras que las
políticas alimentarias se derrumbaron un 50%. Rocha afirmó que en su
colectivo hay preocupación por el contexto socioeconómico, por lo que seguirán
"apostando a que la autogestión sea una manera de resolver esta
situación".
La
marcha estuvo teñida de verde, los característicos pañuelos de la Campaña
por el Derecho al Aborto Legal se vieron en cada una de las personas
presentes. La actual articulante de la Campaña en Salta, Sofía
Fernández, destacó que gracias a la lucha lesbotransfeminista y al
seguimiento que están haciendo de la aplicación de la ley 27610, de
Interrupción Voluntaria al Embarazo, se puede afirmar que "la
ley se cumple como tal". "Hemos podido evidenciarlo en toda la
provincia", y se constató que se redujo un 70% el riesgo de muerte
de mujeres por maternar junto a la reducción de un 50% las niñas madres en todo
el país, dijo.
No
obstante, Fernández manifestó que preocupa la posibilidad de que el gobierno
nacional decida eliminar el reparto de la medicación utilizada para el proceso
de interrupción de embarazos. A pesar de ello, contó que realizan un
trabajo articulado con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a
Decidir para lograr que cada solicitud sea respondida en tiempo y forma.
La
referente de la Campaña también se refirió a los dichos del Presidente, que
calificó de "asesinas" a quienes se definen como feministas. "Lo
dice con una liviandad tremenda" manejando además una "hipocresía
espantosa", cuestionó antes de recordar que las "condiciones
para maternar y alimentar a las niñeces no son las más óptimas" por la
megadevaluación que impulsó el Ejecutivo nacional. "Este señor nos
llama asesinas y está yendo contra nuestros cuerpos, nuestros derechos (como
mujeres) y el de nuestros niños, niñas y adolescentes", reprochó.
También
defendió la correcta aplicación de la ley de educación sexual
integral, a la que consideró una herramienta fundamental para
"derribar este sistema violento y patriarcal". "La
necesitamos no solo para que (niños y niñas) denuncien las violencias que
sufren en sus hogares, sino para avanzar en otras formas de vida, hacia
la igualdad, para que la violencia no sea la única forma de comunicarse entre
nosotres".
Una
reforma judicial feminista e inclusiva
Entre
las consignas, se planteó también la necesidad de una reforma en el
Poder Judicial con perspectiva de género e inclusiva. La referente
de Madres Protectoras de Salta, Yanela Barrios, definió a
la justicia salteña como violenta y revictimizante. "Es la
más adoctrinadora y la más machista", denunció.
"Como
mamá protectora veo muchos casos de abusos en las infancias y las mamás que
acudimos a la justicia nos vemos avasalladas y criminalizadas por defender a
nuestros hijos",
agregó. Barrios llevó adelante una causa judicial contra su ex pareja acusado
de abusar sexualmente de su hija de tres años, y de ella. Tras cinco años de
espera, finalmente, en octubre del año pasado los jueces Leonardo
Gabriel Feans y Javier Araníbar y la jueza María Víctoria Montoya Quiroga condenaron
a 12 años de prisión efectiva al acusado. Además, el agresor fue privado de su
responsabilidad parental respecto de la niña afectada. Sin embargo, la
sentencia todavía no está firme.
Barrios
insistió en que la mayoría de las mujeres que van a buscar ayuda a la justicia
terminan siendo criminalizadas. Por eso aseguró que es urgente "una
reforma transfeminista que sea efectiva, con perspectiva de género y con una
perspectiva de infancias dentro del Poder Judicial". "Necesitamos
que se frene la violencia institucional", aseguró.
La Fundación
Géneros y Masculinidades presentó el registro de femicidios cometidos
en Salta en 2023 y en lo que va de 2024. Su responsable, Carmen
Chuchuy, dijo que el año pasado 10 muertes fueron caratuladas como
femicidios, mientras que 18 fueron caratuladas como muertes dudosas o
suicidios. En este año, se registraron 3 muertes de mujeres, dos fueron
caratuladas como femicidios, y la tercera se calificó como suicidio.
Para
Chuchuy, los suicidios requieren de un mayor compromiso con
enfoque de género en la investigación judicial, pues "las compañeras
fallecidas llegan a un grado tal donde es tan fuerte la violencia que deciden
acabar con su vida". Otra preocupación desde la fundación está en
la reeducación de los hombres que ejercen violencia de género. "Estamos
exigiendo un programa efectivo de reeducación porque si no trabajamos en ello,
esos varones nos siguen violentando", dijo Chuchuy.
"No
les dieron la oportunidad de luchar por sus derechos"
A
la marcha de la capital salteña también se sumaron hermanas del Pueblo Wichí
que llegaron desde el Chaco salteño para denunciar las desigualdades históricas
que sufren las comunidades en el interior de la provincia. Marcela
Calermo denunció la desnutrición en niños y niñas wichí, junto a la escasez de
agua potable en la comunidad La Mora.
A
ello sumó la grave situación sanitaria que padecen las mujeres y las
niñeces, pues aseguró que existe una fuerte discriminación hacia los pueblos en
el actual sistema de salud pública. En ese sentido, sostuvo que
"muchas mujeres murieron para tener a sus hijos y no les dieron la
oportunidad de que puedan luchar por sus derechos".
En
medio de lágrimas y ante la escucha atenta de centenares de personas, Calermo
denunció que es habitual que se les niegue la asistencia sanitaria a las
mujeres. Relató que pidió una audiencia al Ministerio de Salud
Pública, pero aún no recibió respuestas. "Por ser de un pueblo
originario no nos pueden negar la atención en los hospitales y nos dejen morir
peor que un perro". "Somos seres humanos y hay mujeres
que siguen luchando", sostuvo.
Una
de las consignas de la marcha era llevar un alimento, ropa o calzado para
ayudar a las familias indígenas que permanecen al pie del mástil de la plaza 9
de Julio. "Estoy totalmente destrozada porque el gobierno de Salta
no escucha a los pueblos. Se tienen que sacar las zapatillas e ir a las
comunidades para que vean como vivimos", afirmó Calermo.
Publicado por Página 12 – 08/03/2024 - MAIRA LÓPEZ -
