Una niña en un campo de trabajo. El 40
por ciento de la población sufre inseguridad alimentaria. | AFP
Violencia sexual hacia
mujeres y niñas, desapariciones forzadas, campos de reeducación, ciudadanos
obligados a denunciar a familiares y vecinos: un reporte demoledor de Naciones
Unidas.
El
pasado 11
de septiembre se hizo público el más reciente
informe del Secretario
General de las Naciones Unidas, António Guterres, acerca
de la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea. Documentar
las violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en dicho país no es
sencillo: no está permitido acceder al territorio y existen estrictas
restricciones a la recopilación de datos independientes, impuestas por el
gobierno norcoreano. A pesar de este gran obstáculo, gracias a otras fuentes
fiables se cuenta con suficiente evidencia que constata las severas y continuas
violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en Corea del Norte.
De acuerdo con el informe, respecto a la alimentación, agua y saneamiento, alrededor
del 40%
de la población requiere asistencia humanitaria, y
sufre inseguridad
alimentaria. En este sentido, los niños, las
mujeres embarazadas y lactantes, y las personas mayores, continúan siendo los
más afectados. Las medidas contra el COVID-19 han obstaculizado aún más el
ejercicio del derecho a la alimentación, así como también han repercutido en
los esfuerzos de los agentes humanitarios por combatir la inseguridad
alimentaria.
Además,
en relación con el derecho a la salud, la población se enfrenta a un acceso
limitado a servicios sanitarios esenciales y escasez de medicamentos. Los más
vulnerables son los residentes de las áreas rurales, y los grupos internados en
centros. Los lugares de reclusión carecen de instalaciones sanitarias y
profesionales de la salud, lo cual afecta tanto a reclusos como al personal de
las instalaciones.
Otro
de los puntos de mayor preocupación, como se señala en el mencionado reporte,
son justamente los centros de detención, donde ocurren
todo tipo de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo la violencia sexual hacia mujeres y niñas.
Dichas violaciones parecieran tener lugar bajo la autoridad directa de dependencias
estatales. Respecto a los campamentos de presos políticos, se continúa
desconociendo la cantidad de detenidos (que NK Watch estima en 135 mil) y
se desconoce también el proceso mediante el cual esas personas han sido
condenadas. Como sostiene António Guterres, estos reclusos se ven expuestos a trabajo forzoso, violencia física y mental,
y una nutrición, saneamiento y atención médica insuficientes (condiciones
también existentes en los otros lugares de detención); y corren el riesgo de
sufrir desapariciones
forzadas, debido al carácter clandestino de los
campamentos.
Con relación a las libertades de expresión, pensamiento,
conciencia, religión, asociación y reunión pacífica, la situación también es
desesperanzadora. El informe señala que la RPDC continúa restringiendo
gravemente estos derechos: mantiene el monopolio de la información y continúa
controlando completamente la vida social organizada. El sistema de control
alienta a las personas a espiar y denunciar a sus vecinos,
y habilita a los líderes de distintos grupos a llevar a cabo registros
domiciliarios sin previo aviso ni orden judicial. Las nuevas tecnologías
también se han puesto al servicio de la vigilancia del Estado, y se siguen bloqueando las páginas web y correos que no
sean nacionales. En suma, la criminalización de cualquier
acto político y las severas condenas que se prevén refuerzan aún más la
autocensura de cualquier acto que pueda ser interpretado como una crítica al
Estado.
No
solo los actos políticos conllevan duras penas en Corea del Norte. De acuerdo
con el informe, sigue en vigor la obligación de que los ciudadanos realicen trabajos asignados por
el Estado, y no presentarse al lugar de trabajo
correspondiente puede implicar una pena de hasta tres meses en un campo de trabajo. También
se pone de manifiesto la generalizada movilización de trabajadores forzosos,
incluyendo a estudiantes, que están obligados a trabajar en granjas y fábricas
en el transcurso del año escolar. En suma, se pueden imponer hasta seis meses de “educación mediante el trabajo” por
una serie de delitos, sin necesidad de proceso judicial. Las personas
internadas en centros de espera antes de un juicio, campos de trabajo y
prisiones ordinarias también están obligadas a realizar trabajos forzados, en
condiciones precarias.
La libertad de circulación también continúa muy
restringida en la RPDC, tanto dentro del país como hacia el extranjero, y
quienes son repatriados luego de haber salido ilegalmente sufren severas
consecuencias. En suma, el Gobierno ha aplicado medidas estrictas frente a la
pandemia de Covid-19, restringiendo aún más la circulación de personas y
bienes. En relación con este tema, desde el 2018 no ha habido avances de ningún
tipo respecto a las reuniones de familias separadas.
Tampoco se ha avanzado en el esclarecimiento de secuestros y desapariciones
forzadas.
El informe del Secretario General de la ONU finaliza
haciendo referencia al estado de cooperación del gobierno norcoreano con el
sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Por un lado, se
señala que en el tercer examen periódico universal de la RPDC, el gobierno se
comprometió a aplicar sólo 132 de las 262 recomendaciones formuladas. Entre las que
no aceptó figuran las relacionadas con la lucha contra la violencia sexual.
Por otro lado, la RPDC continúa rechazando las visitas de los titulares de
mandatos temáticos de los procedimientos especiales, y restringe severamente el
margen de acción de las entidades de la ONU que operan en el territorio. La
RPDC no solo continúa reproduciendo prácticas que vulneran seriamente los
derechos humanos de sus ciudadanos, sino que además no muestra signos de
cooperar para cambiar esta situación en el mediano plazo.
Publicado
por PERFIL - María Victoria Maineri* *Coordinadora
de Relaciones Institucional de CADAL.29/10/21
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